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Nacional

Nueva ley del Congreso busca agilizar procesos de insolvencia y prevenir quiebras empresariales

El Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que incorpora de manera permanente las medidas adoptadas durante la pandemia para facilitar los procesos de insolvencia empresarial en el país. La iniciativa, que ahora pasa a sanción presidencial, establece mecanismos destinados a revitalizar el tejido empresarial y proteger más de 200 mil empleos directos.

Según la representante Saray Robayo Bechara, ponente del proyecto, se han integrado de manera permanente a la legislación los decretos 560 de 2020 y 772 de 2020, emitidos durante la emergencia sanitaria. El objetivo es preservar las empresas y los empleos durante los procedimientos de insolvencia empresarial.

“Ha ganado el tejido empresarial en Colombia, han ganado más de 200 mil empleos directos que hoy están en riesgo y que con esta ley vamos a salvar. Este proyecto nació de la pandemia del coronavirus porque durante ese tiempo se salvaron varias empresas gracias a los decretos que se expidieron. Esto reavivará la economía del país”, afirmó la vocera del Partido de la U.

El proyecto, de autoría de los senadores Mauricio Gómez Amín y Juan Carlos Garcés, prioriza a las micro y pequeñas empresas, que generan el 80% del empleo en Colombia. Se contemplan procesos de reorganización y liquidación abreviados, con un enfoque en métodos alternativos de resolución de conflictos basados en la negociación y la conciliación.

Además, se eliminan barreras de acceso a la justicia al permitir que los procedimientos de recuperación empresarial se lleven a cabo ante las cámaras de comercio. Las empresas en reorganización podrán acceder a créditos durante el proceso, lo cual es un apoyo crucial para su reactivación.

La ley también dispone mecanismos de protección para los compradores de inmuebles destinados a vivienda y fortalece la lista de auxiliares de justicia para agilizar los procesos de insolvencia. Con la aprobación de esta medida, Colombia contará con un marco legal permanente que facilitará los procesos de insolvencia empresarial, proporcionando herramientas para evitar quiebras y conservar empleos en el sector productivo, con especial atención a las micro y pequeñas empresas.

Se espera que la ley entre en vigencia en los próximos días, tras la sanción presidencial.

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