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Nacional

Justicia Penal Militar realiza inspección en Casa de Nariño por caso del polígrafo a Marelbys Meza

La Fiscalía General Penal Militar y Policial ha iniciado una inspección judicial en la Casa de Nariño en relación con el caso de Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). La diligencia comenzó a las 8:30 a.m. del 24 de junio de 2024 y tiene como objetivo recopilar elementos probatorios sobre la prueba de polígrafo realizada a Meza.

Este caso ha generado conmoción en las altas esferas gubernamentales, involucrando al coronel retirado Carlos Feria y otros funcionarios policiales, quienes están siendo investigados por su presunta participación en el incidente del 30 de enero de 2023. Meza denunció haber sido sometida a un interrogatorio y a una prueba de polígrafo sin orden judicial, tras ser acusada del hurto de un maletín con una cantidad no especificada de dinero.

En un comunicado, la Fiscalía Militar precisó: «Con el propósito de recaudar elementos materiales probatorios y evidencia física en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía 2203 de Conocimiento Especializado en contra de uniformados de la Policía Nacional, por hechos relacionados con la práctica de una prueba de credibilidad y confiabilidad -Polígrafo- a la señora Marelbys Meza Buelvas el 30 de enero de 2023».

La investigación, liderada por la Fiscalía 2203 de Conocimiento Especializado, se centra en posibles delitos como peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Aunque la justicia penal militar ha reclamado desde marzo la competencia para juzgar a los implicados, el caso permanece bajo la jurisdicción ordinaria. La Fiscalía Militar afirmó: «Desde esta Fiscalía investigamos con autonomía, efectividad y transparencia todas las conductas de los miembros activos de la Fuerza Pública que presuntamente se extralimiten o desvíen de sus funciones constitucionales».

Este procedimiento refleja el compromiso de las autoridades con esclarecer los hechos y asegurar que se respeten los derechos y la legalidad en todas las actuaciones de los funcionarios públicos.

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