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Nacional

Petro propone que el Estado asuma directamente la ejecución de obras públicas en zonas de conflicto

El presidente Gustavo Petro ha propuesto una nueva estrategia para abordar los desafíos de infraestructura en áreas afectadas por el conflicto armado y la economía ilícita en Colombia. Durante su intervención en el lanzamiento de Misión Cauca en Popayán, el mandatario sugirió que el Estado asuma directamente la ejecución de obras públicas en estas zonas, eliminando la necesidad de contratación externa.

«Las obras públicas en zonas de conflicto, que en realidad son zonas de economía ilícita, deben ser realizadas directamente por el Estado. No se pueden contratar. De lo contrario, se condena a no hacer nada. El Estado mismo, a través de sus instrumentos,» afirmó Petro.

Esta propuesta surge como respuesta a los obstáculos que enfrentan los proyectos de desarrollo en regiones como Buenaventura y El Plateado, donde la influencia de grupos armados ilegales ha paralizado obras y comprometido procesos de licitación. Petro señaló casos específicos, como un estadio en Buenaventura cuya construcción se encuentra detenida debido a la extorsión de contratistas por parte de bandas armadas.

El presidente argumentó que la contratación tradicional en estas áreas a menudo resulta en licitaciones desiertas o en la adjudicación de proyectos a empresarios vinculados con grupos armados. Esta situación, según Petro, no solo retrasa el desarrollo de infraestructura crucial como hospitales y carreteras, sino que también perpetúa ciclos de violencia y corrupción.

«¿Quién va a ser el contratista del hospital en El Plateado? Casi puedo asegurar que la licitación quedará desierta o que será adjudicada a un empresario amigo del grupo armado, quien no construirá el hospital, sino que deberá entregar el dinero, porque si no lo hace, será amenazado o se verá obligado a huir con su familia,» expresó el mandatario.

La propuesta de Petro implica que entidades estatales asuman directamente la planificación, gestión y ejecución de proyectos de infraestructura en zonas de conflicto. Esta medida busca reducir la vulnerabilidad de los proyectos a la extorsión y garantizar que los beneficios de las obras públicas lleguen efectivamente a las comunidades.

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